Conocido en medios judiciales como el “inspector blanqueador”, la historia de Blanco Balín se remonta a la década de los 70, cuando comenzó su amistad con el joven José María Aznar, inspector de Hacienda como él, con el que por aquellas fechas escribió un libro de texto para el Centro de Estudios Financieros. Fue su larga amistad con el ex presidente Aznar lo que le colocó, en el mismo año de su victoria electoral, en 1996, en el consejo de administración de Repsol YPF, hasta llegar a ocupar el puesto de vicepresidente en el año 2000 y luego el de consejero delegado. Y de ahí su salto a algunas de las firmas más poderosas del país, como Gas Natural, Barclays, Banco Zaragozano, NH o Ercros. Blanco Balín aparece en el Registro Mercantil como administrador, socio o apoderado de más de 40 empresas, según constató Europa Press. Su nombre estuvo entre los posibles sustitutos del ex ministro Miguel Boyer al frente de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), pero no consiguió el cargo.Blanco Balín llegó a formar parte de los consejos de administración de al menos seis de las compañías de Correa, como Orange Market, Hator Consulting, Osiris Patrimonial e Inversiones Kintimani, convirtiéndose en el “gran blanqueador” no solo de la trama Gürtel, sino que también desde su propia empresa R. Blanco Asesores Fiscales SL, ubicada en la calle Guzmán el Bueno, 133, de Madrid, como asesor fiscal, se especializó presuntamente en facilitar la fuga de capitales a paraísos fiscales, como el Principado de Liechtenstein. Esta maniobra fue descubierta en una operación policial que todavía hoy sigue siendo investigada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, y en la que están implicados 200 ciudadanos españoles. Como administrador único de las compañías Rústicas MBS, S.L y Artas Consultoría consiguió jugosas adjudicaciones en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, donde la trama Gürtel se cebó con la anuencia del alcalde Arturo González Panero, entre ellas la concesión, por diez años, de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de esa localidad. Desde su cargo de consejero en la empresa Teconsa consiguió importantes adjudicaciones de las Empresas Públicas de Vivienda de los Ayuntamientos de Boadilla, Arganda del Rey y Majadahonda, y presuntamente pagó comisiones a la trama Correa para lograr que la Junta de las Comunidades de Castilla y Castilla y León le adjudicaran la construcción de la autovía de Olleros. Por cierto, la sede social de Teconsa en Madrid está ubicada en Serrano, 45, justo al frente de la oficina principal de las empresas de Correa, en la misma calle, en el número 40. Una información deEl País daba cuenta de un fax intervenido a Correa procedente de la Consejería de Fomento de Castilla y León, en el que se informaba de la adjudicación a Teconsa de la construcción de la autovía de Olleros, y en el que figuraba la anotación manuscrita de la cantidad de 73.650 euros, equivalente al 3% de la concesión, o lo que es lo mismo, la comisión a cambio de la adjudicación. Este dato le incluyó en la lista de los más de 100 imputados del caso Gürtel. Fue sancionado por la CNMV.
